Cuando el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), concedió una subvención de 28.700 euros a la promotora de Cuna del Alma para instalar placas solares, probablemente nadie en la Consejería de Transición Ecológica imaginó el terremoto político que se avecinaba. La ayuda, financiada con fondos europeos Next Generation, está destinada a que la empresa que impulsa el polémico complejo turístico en El Puertito de Adeje, con 220 viviendas de lujo, hoteles y un campo de golf en un entorno protegido, pueda reducir su huella de carbono. La paradoja es tan evidente como incómoda: el mismo proyecto que ha sido denunciado por ecologistas, vecinos y hasta la Unesco por su impacto ambiental, recibe ahora dinero público para “ser más verde”.

El contexto de una contradicción

Para entender la dimensión del asunto, conviene recordar que Cuna del Alma no es un proyecto menor. Se trata de una urbanización de alto standing que, según sus críticos, amenaza un espacio de alto valor ecológico en la costa de Adeje, donde anidan tortugas marinas y existen hábitats dunares protegidos. La promotora, además, arrastra una deuda de 20 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil, lo que añade un punto de fragilidad financiera a la ecuación. Que un proyecto con semejante historial reciba fondos europeos destinados a la transición ecológica no es solo una anomalía administrativa; es un síntoma de las contradicciones que atraviesa la política de sostenibilidad en Canarias.

La subvención, en sí misma, es modesta: 28.700 euros para instalar paneles solares. Pero el simbolismo es enorme. Mientras el anterior gobierno del Pacto de las Flores intentó frenar el proyecto mediante la modificación de la Ley del Suelo, una iniciativa que finalmente decayó, el actual ejecutivo de CC y PP ha optado por una vía más pragmática: no paralizar el megaproyecto, sino tratar de “verdecerlo”. La pregunta que surge es si esta estrategia es un primer paso hacia un turismo más sostenible o, por el contrario, un lavado de cara que legitima un modelo de desarrollo cuestionado.

Fondos europeos: ¿para quién y para qué?

Los fondos Next Generation, diseñados para impulsar la recuperación económica post-pandemia y acelerar la transición ecológica, tienen un objetivo claro: financiar proyectos que reduzcan emisiones, mejoren la eficiencia energética y promuevan la economía circular. En teoría, cualquier empresa que cumpla los requisitos puede acceder a ellos. Pero en la práctica, la concesión de estas ayudas revela una tensión entre la letra y el espíritu de la norma.

¿Puede un proyecto turístico de alto impacto, como Cuna del Alma, ser considerado un vehículo legítimo para la transición ecológica? La respuesta no es sencilla. Por un lado, instalar placas solares en cualquier edificación reduce la dependencia de combustibles fósiles, lo que es objetivamente positivo. Por otro, si ese mismo proyecto contribuye a la artificialización del litoral, al consumo de agua en una zona con estrés hídrico y a la presión sobre ecosistemas frágiles, el balance ambiental neto puede ser negativo. La subvención, en este caso, no corrige el problema de fondo; lo maquilla.

Este caso no es aislado. En Canarias, la captación de fondos verdes ha generado iniciativas tan dispares como la fertilización del océano para capturar CO2, una propuesta científica controvertida, o la modernización de infraestructuras turísticas. Lo que distingue a Cuna del Alma es la intensidad del conflicto social y jurídico que lo rodea. Mientras la Unesco ha expresado su preocupación por el impacto del proyecto en el entorno de Teno-Rasca, y los tribunales han anulado parcialmente las licencias, el Gobierno canario apuesta por una solución tecnológica: hacer que el proyecto sea más eficiente energéticamente, como si eso resolviera el problema de fondo.

¿Precedente peligroso u oportunidad mal gestionada?

Para los defensores de la medida, la subvención no es más que una aplicación correcta de la normativa europea: cualquier empresa, por controvertida que sea, tiene derecho a acceder a ayudas para mejorar su eficiencia energética. Además, argumentan que si el proyecto turístico va a ejecutarse, y todo apunta a que así será, pese a la oposición, es preferible que lo haga con los menores impactos ambientales posibles. La lógica es impecable sobre el papel, pero ignora una cuestión clave: el efecto señalización.

Cuando el Gobierno subvenciona con dinero verde a un proyecto que ha sido denunciado por su impacto ambiental, envía un mensaje preocupante: que la transición ecológica puede ser cooptada por el mismo modelo de desarrollo que se critica. Que las renovables no son una alternativa al turismo masivo, sino un complemento que lo hace más aceptable. Y que, al final, el dinero europeo puede acabar financiando, aunque sea indirectamente, la expansión del ladrillo en la costa.

La reflexión final es incómoda pero necesaria: Canarias necesita urgentemente una hoja de ruta clara sobre qué tipo de desarrollo turístico quiere financiar con fondos europeos. No se trata de demonizar las renovables, son imprescindibles, sino de preguntarse si tiene sentido subvencionar la eficiencia energética de un proyecto que, en sí mismo, representa todo lo contrario de la sostenibilidad. Porque, como demuestra el caso de Cuna del Alma, la transición ecológica no es solo una cuestión de tecnología: es, sobre todo, una cuestión de coherencia política. Y en este archipiélago, la coherencia sigue siendo la asignatura pendiente.