Canarias batió en 2025 todos los récords de llegada de turistas extranjeros, una senda que el Gobierno autonómico ha prorrogado como referencia de éxito hasta mayo de 2026. En paralelo, sus instrumentos de ordenación turística más estratégicos, los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM), mencionan la palabra “sostenibilidad” 129 veces en sus memorias de ordenación. Sin embargo, según un estudio liderado por Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL), ninguna de esas menciones aparece en las disposiciones normativas vinculantes. Cero. Esa brecha entre el discurso y la ley no es una contradicción académica: constituye una trampa regulatoria que amenaza con convertir en papel mojado proyectos aprobados hoy bajo un paraguas de marketing verde, que mañana podría ser declarado insostenible por falta de criterios jurídicos concretos.
La paradoja cuantificada: 129 frente a cero
El estudio de Simancas analiza los 13 PMM aprobados entre 2011 y 2015. Estos planes no son documentos menores: representan el principal instrumento de ordenación urbanística y turística de las zonas más saturadas del archipiélago. En sus memorias, los diagnósticos y declaraciones de intenciones, los términos “sostenible”, “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible” aparecen 129 veces. En cambio, en las disposiciones normativas, las únicas que generan derechos y obligaciones para propietarios, promotores y administraciones, la cifra es cero.
Simancas lo expresa con claridad: «Todo esto es green marketing, como lo llaman los anglosajones. Es decir, incluir la palabra sostenible en cualquier documento o título, incluso a la hora de optar a subvenciones». La diferencia no es semántica: una memoria puede contener bellas aspiraciones; una norma vinculante establece límites, prohibiciones y criterios de gestión que condicionan la viabilidad de cualquier proyecto. Al omitir la sostenibilidad en la parte normativa, los PMM generan un vacío que permite interpretaciones laxas y, sobre todo, inseguridad jurídica.
La sostenibilidad como límite: lo que la norma no dice
El propio Simancas recuerda una verdad incómoda: «La sostenibilidad, por definición, son límites». Establecer un límite, a la edificabilidad, al consumo de agua, a la generación de residuos o a la huella de carbono, es un acto normativo que afecta directamente a los derechos de propiedad y a las expectativas de rentabilidad de los inversores. Si esos límites no están escritos en las disposiciones vinculantes, no existen jurídicamente. Pero eso no significa que no puedan aparecer mañana.
Aquí reside el núcleo del problema para el inversor y el profesional del sector. Un proyecto turístico aprobado hoy bajo un PMM que promete sostenibilidad en su memoria, pero que no la exige en sus normas, puede ser perfectamente legal durante años. Sin embargo, cuando la presión social, las exigencias de la Unión Europea o la propia evidencia del deterioro ambiental obliguen a endurecer la regulación, como ya ocurre con la Directiva de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) o la taxonomía verde europea, esos mismos proyectos podrían quedar desfasados, sujetos a moratorias o directamente declarados insostenibles. El riesgo no es remoto: es una bomba de relojería regulatoria.
Contexto canario: el espejismo de los récords turísticos
Canarias vive un momento paradójico. Los datos de llegada de turistas extranjeros durante 2025 han sido históricos, y el Gobierno autonómico ha prorrogado hasta mayo de 2026 la vigencia de esos registros como indicador de éxito. Pero el volumen no es sinónimo de calidad ni de sostenibilidad. El archipiélago arrastra problemas estructurales: saturación de infraestructuras, presión sobre los recursos hídricos, pérdida de biodiversidad y conflictos sociales por la vivienda turística. En este contexto, aprobar planes que ignoran la sostenibilidad en sus normas vinculantes no es un error técnico: es una opción política que prioriza el corto plazo sobre la viabilidad futura.
La investigación de Simancas revela, además, un patrón recurrente. En la documentación analizada, la sostenibilidad aparece como declaración de intenciones, como diagnóstico, pero desaparece cuando llega el momento de establecer las determinaciones. Es decir, se reconoce el problema, pero se evita la solución normativa. Para una comunidad autónoma que depende del turismo en más del 35% de su PIB, esta contradicción es una apuesta peligrosa: se está construyendo el modelo turístico del futuro sobre promesas sin respaldo legal.
Consecuencias para el inversor y el profesional
Para el lector de SYNTHORA, empresarios, inversores, profesionales de la innovación y la tecnología, esta brecha entre discurso y norma tiene implicaciones muy concretas. Primero, genera incertidumbre regulatoria: un proyecto que cumple hoy con la legalidad vigente puede no hacerlo mañana si se incorporan criterios de sostenibilidad vinculantes. Segundo, desincentiva la inversión en tecnologías limpias y modelos de gestión eficientes, porque no existe un marco que premie o exija esas prácticas. Tercero, expone a las empresas a riesgos reputacionales y legales: cuando la opinión pública o los tribunales empiecen a exigir coherencia entre lo prometido y lo ejecutado, los proyectos amparados en estos planes serán los primeros en ser señalados.
No se trata de demonizar a los redactores de los PMM ni a las administraciones que los aprueban. Se trata de señalar un fallo sistémico: la sostenibilidad se ha convertido en un adorno retórico en lugar de un criterio jurídico. Y mientras no se corrija, cualquier inversión en el sector turístico canario, ya sea en infraestructuras, tecnología o servicios, lleva incorporado un riesgo regulatorio que ningún análisis financiero convencional está capturando.
Mirar al futuro: la sostenibilidad como ventaja competitiva
Canarias tiene hasta mayo de 2026 para reflexionar, pero la ventana se cierra. La Unión Europea avanza hacia un marco normativo donde la sostenibilidad no será opcional, sino condición de acceso a fondos, licencias y mercados. Las empresas que ya hayan integrado criterios vinculantes de sostenibilidad en sus proyectos estarán mejor posicionadas; las que operen bajo el paraguas del green marketing se enfrentarán a costes de adaptación elevados y a posibles litigios.
El estudio de Moisés Simancas no es una denuncia académica más: es una advertencia para quienes toman decisiones de inversión. La próxima vez que un plan turístico prometa sostenibilidad, el inversor inteligente no mirará la memoria. Mirará las disposiciones normativas. Si allí no hay límites, no hay compromiso real. Y sin compromiso real, lo que hay es riesgo. En un mundo donde la regulación avanza hacia la exigencia, la sostenibilidad sin norma no es una promesa: es una trampa.