La paradoja sostenible de Canarias atrapa al principal motor económico del Archipiélago en una contradicción que ya tiene nombre y apellidos académicos. Un estudio publicado en Cuadernos de Turismo revela que los trece Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística (PMM) aprobados en las islas entre 2011 y 2015 acumulan 129 menciones a los términos «sostenible», «sostenibilidad» y «desarrollo sostenible» en sus memorias justificativas. La misma investigación certifica que, en las disposiciones normativas vinculantes de esos mismos planes, la cifra se desploma a cero.

Mientras Canarias mantiene hasta mayo de 2026 los registros históricos de llegada de turistas extranjeros alcanzados en 2025, más de 15 millones de visitantes anuales, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la planificación demuestra que la sostenibilidad no opera como un límite, sino como un adorno retórico. La pregunta que debería inquietar a inversores, gestores públicos y ciudadanos no es si el modelo es sostenible, sino si los propios instrumentos de gobernanza están diseñados para no serlo.

La brecha entre el discurso y la norma

El estudio, liderado por Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna (ULL), analiza con precisión quirúrgica la arquitectura documental de los PMM. Estos planes, diseñados para renovar destinos turísticos maduros y mejorar su competitividad, se estructuran en dos partes diferenciadas: una memoria justificativa, donde se exponen diagnósticos y objetivos, y unas determinaciones normativas, que contienen las reglas de obligado cumplimiento.

Los investigadores contabilizaron 129 apariciones de la retórica sostenible en las memorias. En las determinaciones, el rastreo arrojó un resultado incontestable: cero. «En la documentación que hemos analizado existe una declaración de intenciones, un diagnóstico. Pero cuando llega el momento de establecer las determinaciones, el término sostenible desaparece», explica Simancas. La brecha no es un descuido técnico: es una elección de diseño institucional que revela las prioridades reales de la planificación turística canaria.

Esta desconexión no es trivial. Los PMM son instrumentos con rango legal que pueden modificar el planeamiento urbanístico municipal y autonómico. Su capacidad para imponer condiciones ambientales, límites de capacidad de carga o exigencias de eficiencia energética es absoluta. Que hayan optado por no hacerlo es una decisión política y técnica que el estudio define como «paradoja sostenible»: la contradicción entre un discurso que justifica la intervención y unas obligaciones que no la materializan.

La paradoja sostenible: retórica sin dientes

La paradoja adquiere toda su dimensión cuando se sitúa en el contexto actual. Canarias recibe más de 15 millones de visitantes anuales, una cifra que supera en más de seis veces su población residente y que sigue una trayectoria ascendente sin que existan mecanismos vinculantes que modulen su impacto.

Los PMM analizados corresponden a un período (2011-2015) en el que la crisis económica global aún condicionaba las prioridades públicas. Sin embargo, su vigencia se ha prolongado durante la década posterior, coincidiendo con la recuperación del sector y la explosión de la demanda pospandemia. Durante todo ese tiempo, las determinaciones normativas no incorporaron ni un solo límite operativo vinculado a la sostenibilidad. El resultado es que el crecimiento turístico canario se ha producido sin que los propios planes diseñados para modernizar el destino hayan actuado como diques de contención.

Simancas es tajante al calificar esta práctica: «Todo esto es green marketing, como lo llaman los anglosajones. Es decir, incluir la palabra sostenible en cualquier documento o título, incluso a la hora de optar a subvenciones». La afirmación no es una opinión, sino la conclusión de un análisis empírico que demuestra que el lenguaje de la sostenibilidad funciona como un recurso de legitimación, no como un marco de obligaciones.

Las consecuencias de una gobernanza sin dientes

La ausencia de determinaciones vinculantes sobre sostenibilidad en los PMM tiene implicaciones concretas que trascienden el debate académico. Sin límites normativos, la presión sobre recursos escasos como el agua, la energía o el suelo continúa sin mecanismos de corrección obligatorios. La capacidad de carga de los destinos, un concepto central en cualquier planificación turística responsable, queda reducida a una referencia teórica en las memorias, sin traducción regulatoria.

El riesgo sistémico es evidente: si las normas que ordenan el principal sector económico canario no incorporan restricciones ambientales y sociales, el modelo de crecimiento actual es insostenible por definición. No es una cuestión de voluntad política futura, sino de diseño institucional presente. La paradoja sostenible implica que los instrumentos existentes no están fallando en su ejecución: están cumpliendo exactamente con lo que sus determinaciones exigen, que es no exigir nada en materia de sostenibilidad.

Para el tejido empresarial canario, esta situación genera una incertidumbre paradójica. Por un lado, la ausencia de restricciones permite mantener ritmos de crecimiento que maximizan los ingresos a corto plazo. Por otro, erosiona el valor del destino a medio plazo: la saturación de infraestructuras, la degradación ambiental y el deterioro de la calidad de vida de los residentes son factores que, tarde o temprano, penalizan la competitividad turística. Los inversores que apuestan por Canarias deberían preguntarse si el marco regulatorio actual protege su inversión o la expone a una corrección brusca cuando los costes de la insostenibilidad se materialicen.

La necesidad de una planificación con consecuencias

El estudio de Simancas y su equipo no se limita a diagnosticar el problema; apunta implícitamente a la solución. Si la sostenibilidad quiere ser algo más que un eslogan en los planes turísticos canarios, debe trasladarse de las memorias justificativas a las determinaciones normativas. Esto implica definir indicadores concretos, establecer límites cuantificables y diseñar mecanismos de sanción para su incumplimiento.

La experiencia comparada ofrece ejemplos. Destinos como Baleares han incorporado en su planificación turística moratorias vinculadas a la capacidad de carga, impuestos específicos sobre estancias turísticas y exigencias de rehabilitación frente a nueva construcción. Canarias, con una presión turística comparable y una fragilidad ecológica mayor, especialmente en ecosistemas insulares como La Gomera o El Hierro, carece de instrumentos equivalentes con rango normativo obligatorio.

La paradoja sostenible no es, por tanto, un problema de falta de diagnósticos. Canarias sabe lo que necesita hacer. El problema es que sus planes turísticos han optado sistemáticamente por no hacerlo, utilizando la sostenibilidad como cobertura retórica mientras el crecimiento continúa sin restricciones vinculantes.

Una reflexión de futuro

La investigación publicada en Cuadernos de Turismo debería ser leída no como una denuncia académica más, sino como una advertencia sobre la fragilidad institucional del principal sector económico canario. Mientras los discursos oficiales insisten en la necesidad de un turismo sostenible, los instrumentos de planificación demuestran que la sostenibilidad es un adorno, no una condición.

El futuro del modelo turístico canario no depende de nuevas declaraciones de intenciones, sino de la capacidad de traducir esas intenciones en normas con dientes. La paradoja sostenible solo se resuelve cuando las promesas dejan de ser 129 y la ley empieza a ser una. Hasta entonces, el Archipiélago seguirá navegando hacia un crecimiento récord que, paradójicamente, puede estar minando las bases del propio destino que lo hace posible. Para inversores, gestores y ciudadanos, la pregunta ya no es si el modelo es sostenible, sino cuándo y cómo se pagará la factura de no haberlo hecho sostenible a tiempo.