La historia del mayor pelotazo urbanístico de Canarias ha alcanzado un nuevo hito contable. Debería preocupar a cualquier inversor con intereses en el archipiélago. La sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), vehículo instrumental creado por los empresarios Antonio Plasencia y el fallecido Ignacio González para desarrollar un macrocomplejo turístico-residencial en la playa de Santa Cruz de Tenerife, ha reconocido en sus últimas cuentas anuales un agujero patrimonial de 109 millones de euros. No es una estimación periodística ni una hipótesis judicial: son los números que la propia empresa ha depositado en el Registro Mercantil.

Un desfase del 319% que nadie detectó a tiempo

Los datos hablan solos. ILT declara activos totales por valor de 26,3 millones de euros. Frente a eso, sus pasivos, solo los conocidos, superan los 135 millones. El resultado: un patrimonio neto negativo de 109 millones. La sociedad debe más del triple de lo que posee. En términos financieros, esto es inviable desde cualquier análisis de solvencia que se precie.

La deuda pública acumulada alcanza los 144,3 millones de euros, repartidos en dos bloques. Sesenta y cuatro millones con la Agencia Tributaria, lo que la sitúa en la lista de morosos de Hacienda de 2026 como uno de los mayores deudores del país, . Ochenta millones con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, correspondientes a cánones urbanísticos impagados, sanciones administrativas y costas judiciales.

Póngalo en contexto: el Ayuntamiento de Santa Cruz arrastraba una deuda municipal cercana a los 200 millones de euros antes de 2024. Los 80 millones que ILT le adeuda representan el 40% de ese pasivo. Un solo proyecto fallido condiciona las cuentas de todo un municipio.

La estructura financiera que no debió aprobarse

Lo más revelador del caso no es el agujero en sí, sino cómo se gestó. ILT operaba como una sociedad instrumental sin capital suficiente. Su único activo: los terrenos de Las Teresitas. Su dependencia: absoluta de decisiones administrativas discrecionales, como la recalificación de suelo rústico a urbanizable.

Cualquier proceso de due diligence mínimamente riguroso habría detectado la inviabilidad financiera del proyecto. El desfase patrimonial del 319% no es un accidente sobrevenido. Es la consecuencia de un modelo de negocio que nunca tuvo pies financieros, pero que contó con el respaldo político necesario para avanzar durante años.

Otro dato: el 100% de la deuda conocida de ILT es con administraciones públicas. No aparece banca privada ni inversores institucionales entre sus acreedores. Esto sugiere que el proyecto nunca superó los filtros de financiación privada. Fue el dinero público, vía cánones no cobrados y deudas fiscales, el que sostuvo una operación que el mercado ya había descartado.

Comparativas que duelen

El caso Las Teresitas no es único en la historia reciente de España, pero sus cifras lo sitúan en un lugar incómodo de la tabla. Frente a los 2.500 millones del caso Malaya en Marbella, los 144 millones de ILT pueden parecer menores. Hay una diferencia sustancial: Malaya fue un saqueo sistemático de las arcas municipales durante años; Las Teresitas es un proyecto privado que, al fracasar, trasladó su pasivo al sector público.

Más cercano en términos cuantitativos está el caso Gürtel en su pieza urbanística valenciana, con 120 millones de deuda, o el caso Eivisa en Ibiza, con 80 millones. En aquellos casos hubo condenas firmes y procesos de liquidación ordenados. En Las Teresitas, la situación sigue estancada: los terrenos fueron declarados Bien de Interés Cultural en 2022, lo que paralizó definitivamente cualquier desarrollo, pero el litigio por la recuperación de los 80 millones municipales continúa sin resolución.

El coste de oportunidad para Canarias

Para la audiencia de LÍNEA, profesionales, empresas e inversores interesados en Canarias, este caso tiene una lectura que va más allá del morbo judicial. Cada euro que el Ayuntamiento de Santa Cruz no puede recuperar de ILT es un euro que deja de invertirse en infraestructuras, servicios públicos o mejoras del entorno empresarial. Cada proyecto fallido de esta magnitud genera desconfianza en el ecosistema inversor del archipiélago.

Canarias compite por atraer capital institucional, fondos de inversión sostenible y proyectos de economía azul y digital. La reputación de su marco regulatorio y de su capacidad para gestionar grandes operaciones urbanísticas es un activo intangible. Casos como este lo erosionan profundamente.

El concejal de Urbanismo de Santa Cruz ha reconocido que “las perspectivas de recuperar los 80 millones son limitadas dado el estado de insolvencia de la sociedad”. La oposición municipal califica el caso como “el mayor escándalo urbanístico de la historia de Canarias”. Ambas afirmaciones son ciertas, pero ninguna aborda la pregunta clave: ¿cómo permite una administración pública que una sociedad sin capital, sin viabilidad financiera y sin garantías reales acumule una deuda de 144 millones de euros antes de que nadie pulse el freno?

Lecciones para el futuro inversor

El caso ILT deja tres lecciones directas. Primera: los proyectos que dependen de recalificaciones urbanísticas discrecionales incorporan un riesgo regulatorio altísimo que debe valorarse y provisionarse desde el inicio. Segunda: la ausencia de financiación privada en una operación de esta envergadura es una señal de alerta que ninguna administración debería ignorar. Tercera: la transparencia y la buena gobernanza no son exigencias éticas, sino ventajas competitivas para atraer capital de calidad.

Canarias tiene potencial para ser un polo de atracción de inversión productiva. Pero cada caso como el de Las Teresitas encarece la financiación de los proyectos legítimos y aleja a los inversores institucionales que exigen seguridad jurídica. La pregunta que queda en el aire es si las administraciones canarias han aprendido la lección o si, como ha ocurrido durante dos décadas, el siguiente pelotazo está esperando su turno.