El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha aprobado la actualización de la Ley del Suelo con el argumento de agilizar trámites, reducir la burocracia y desbloquear la inversión. Sin embargo, bajo esa capa de eficiencia administrativa se esconde una decisión estratégica que redefinirá el mapa económico y territorial del archipiélago. No es una reforma técnica: es una declaración de intenciones sobre el modelo de desarrollo que se quiere para Canarias en la próxima década.

El suelo rústico como nuevo frente de expansión

El punto más controvertido de la reforma es la flexibilización de los usos en suelo rústico. Hasta ahora, este tipo de terreno estaba protegido por su valor paisajístico, agrícola o medioambiental. La nueva ley abre la puerta a proyectos turísticos y residenciales en estas áreas, siempre que se justifique un “interés público o social”. La ambigüedad del término es deliberada: permite que casi cualquier promoción encuentre un encaje legal.

Para los inversores, esto supone una revalorización potencial de miles de hectáreas que hasta ahora tenían un valor especulativo limitado. Pero también introduce un factor de riesgo que muchos no están contemplando: la judicialización. Organizaciones ecologistas y plataformas vecinales ya han anunciado recursos, y el Tribunal Constitucional podría tener la última palabra. Invertir en suelo rústico bajo este nuevo marco no es apostar sobre seguro, sino sobre un tablero que aún no ha terminado de definirse.

Turistificación y emergencia climática: un choque de trenes

Canarias vive una paradoja: es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, sequía prolongada, subida del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, y, al mismo tiempo, una de las que más impulsa la expansión de su principal industria emisora de carbono: el turismo. La nueva Ley del Suelo consolida esta contradicción.

No se trata de demonizar el turismo, sino de preguntarse si tiene sentido seguir construyendo hoteles y complejos residenciales en zonas que, dentro de veinte años, podrían sufrir estrés hídrico crónico o verse afectadas por incendios forestales. La reforma no solo no aborda estos riesgos, sino que los ignora. Para un inversor con visión a largo plazo, esta es una señal de alerta: el marco regulatorio actual puede chocar frontalmente con las exigencias climáticas del futuro, generando activos varados (stranded assets) difíciles de desinvertir.

El trasfondo de la contratación pública y los intereses cruzados

La aprobación de esta ley no puede entenderse sin el contexto de la contratación pública en Canarias. Como ha revelado la prensa, el Ejecutivo regional ha adjudicado contratos millonarios a consultoras vinculadas a ex altos cargos de Ciudadanos, en un momento en que se necesitaban informes técnicos para justificar cambios normativos. No hay prueba de ilegalidad, pero sí un patrón preocupante: las decisiones que afectan al territorio se toman en circuitos cerrados, donde las fronteras entre lo público y lo privado se difuminan.

Para la audiencia de SYNTHORA, esto tiene una lectura práctica: el riesgo reputacional y legal de operar en Canarias aumenta. Cualquier proyecto que se acoja a la nueva ley deberá pasar un escrutinio público más intenso, y la sombra de la corrupción o la falta de transparencia puede erosionar la confianza de inversores internacionales y fondos de impacto.

Fondos europeos: el combustible del modelo

Mientras se aprueba esta ley, el Gobierno canario canaliza fondos europeos hacia proyectos turísticos polémicos, como el complejo Cuna del Alma, que ahora se justifica con la instalación de placas solares. Es el mismo patrón: usar la sostenibilidad como coartada para seguir expandiendo el modelo de crecimiento intensivo en territorio. La nueva Ley del Suelo no hará sino multiplicar estos casos.

Los fondos Next Generation estaban diseñados para financiar la transición ecológica y digital, no para apuntalar el ladrillo. Si Canarias los utiliza para habilitar más suelo turístico, estará desviando recursos que deberían ir a rehabilitación energética, movilidad sostenible o economía circular. A largo plazo, esto lastrará la competitividad real de las islas.

Reflexión de futuro: qué significa para inversores y profesionales

La nueva Ley del Suelo no es el fin de un proceso, sino el principio de una nueva etapa de conflictos. Los inversores que operan en Canarias deben entender que el riesgo inmobiliario ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en litigios, en reputación y en adaptación climática. El valor del suelo cambiará: lo que hoy parece una oportunidad puede convertirse en un pasivo si la normativa europea o la presión social obligan a rectificar.

Canarias necesita un modelo que combine desarrollo económico con límites ecológicos claros. Esta ley no lo ofrece. Por el contrario, apuesta por más de lo mismo en un momento en que el mundo entero busca alternativas. Para quienes toman decisiones de inversión, la pregunta no es si la ley es legal, sino si es inteligente. Y la respuesta, cada vez más, parece ser que no.